Afirman que es urgente replantear estrategia legal por el fallo por YPF

Un nuevo capítulo en la disputa legal por la expropiación de YPF en 2012 ha sacudido al país. La jueza Loretta Preska, del tribunal de Nueva York, ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo como parte del pago de una sentencia que condena al país por no cumplir con los procedimientos establecidos en el estatuto de la petrolera. Este fallo, que implica una suma cercana a los 16 mil millones de dólares, generó sorpresa y preocupación, aunque para expertos como Sebastián Maril, director regional de TAM Advisors, no fue algo inesperado.

"Era esperable porque desde el principio los beneficiarios del fallo pidieron las acciones de YPF", explicó a Cadena 3 Maril. Sin embargo, el especialista destacó que la dureza del fallo superó las expectativas, especialmente tras la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos a favor de Argentina el año pasado.  

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"No solamente fue duro con el país, sino que agregó párrafos de opinión personal que comprometen al país hacia el futuro porque ya tiene fallos adicionales que aún no han publicado", señaló.

El fallo pone a YPF, una empresa clave para el desarrollo energético de Argentina, en una posición delicada en los mercados internacionales. Según Maril, la percepción de la comunidad inversora sobre YPF es positiva: "Hoy YPF está visto como una empresa muy bien manejada, muy bien administrada, con un plan de financiamiento y crecimiento admirable". 

Sin embargo, la posibilidad de que un fondo buitre o un inversor externo tome el control de la compañía genera incertidumbre. "Que no nos sorprenda si en el futuro vemos contratos que empiezan a flaquear o dificultades para emitir deuda en el exterior por este zumbido que tiene en la cabeza actualmente YPF", advirtió.

Qué se puede hacer de cara al fallo 

La Argentina enfrenta ahora un dilema: apelar el fallo, negociar un acuerdo extrajudicial o arriesgarse a un desacato ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Maril es pesimista sobre las chances de una apelación exitosa: "Las chances de que la apelación sea favorable a nosotros son muy, muy nulas". 

Además, criticó la estrategia legal adoptada por sucesivos gobiernos argentinos, que han optado por dilatar el proceso. "La Procuración recomienda utilizar cada vía legal disponible, es decir, patear la pelota, pero esa estrategia nos ha traído pesadillas", afirmó. Según Maril, esta postura llevó a que el costo del caso escalara de 3 mil millones de dólares en la gestión de Mauricio Macri a los 16 mil millones actuales. 

El origen del conflicto, explicó Maril, radica en la expropiación de YPF en 2012, aprobada por el Congreso argentino sin respetar el estatuto de la compañía. "La ley de expropiación nunca cuestionó el derecho soberano de Argentina de expropiar la petrolera. Lo que se cuestionó es cómo se hizo, y se hizo muy mal porque los legisladores votaron sin familiarizarse con el tema", aseguró. 

En concreto, Argentina debería haber lanzado una oferta pública de adquisición por el 49% no expropiado, permitiendo a los accionistas minoritarios vender sus acciones al Estado. "Si se hubiera hecho lo que decía el estatuto, nos hubiese costado prácticamente cero", subrayó, recordando que el descubrimiento de Vaca Muerta, cinco meses antes de la expropiación, había elevado el valor estratégico de YPF. 

El futuro de YPF y su rol en el desarrollo de Vaca Muerta está en juego. Mientras el gobierno de Javier Milei evalúa los próximos pasos, Maril insiste en la necesidad de un cambio de enfoque: "Es momento de empezar a replantear nuestra estrategia legal hacia estos casos porque seguir la estrategia anterior nos ha dado muy malos resultados". El país, según el experto, enfrenta no solo un desafío económico, sino también una prueba de credibilidad ante los inversores globales. 

Entrevista de Ahora País.