¿Las retenciones a la Justicia?

La posible judicialización de las retenciones a las exportaciones de granos es uno de los temas que se discute por estas horas en el sector. Hay voces entendidas con argumentos en uno y otro sentido, a partir del rechazo del presupuesto 2022 y la no delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo.

Al respecto, consultado por El Campo Hoy, el doctor Juan Pablo Borioni -productor agropecuario y abogado agrario de Tres Arroyos- recordó que las retenciones constituyen “un tema que ya se ha dado en 2008 y ha traído aparejados bastante controversia”. Hizo hincapié en que las acciones “son individuales, por lo tanto, las entidades agropecuarias no pueden iniciar acciones colectivas, ya que éstas en materia tributaria no son viables, hay jurisprudencia al respecto y disposiciones normativas”.

Por lo tanto, “el único legitimado para reclamar ante la Justicia el no cobro es el productor agropecuario quien debe presentar una acción declarativa de inconstitucionalidad. Es un proceso sumarísimo que no tiene las características del amparo. Se pide mientras tanto una medida procesal de no innovar que impida cobrar el tributo hasta tanto se dicte sentencia. Si se hubiere cobrado sería una acción de repetición contra El estado para recuperar el dinero.

“Como el productor no es el que paga el tributo entonces si se empieza a vender cereal y ese cereal tiene retenciones en ese caso el productor no recibe mayor dinero, la retención la paga el exportador. En ese caso el neto que recibe el productor es la única posibilidad de cobrar, no es como en otros tributos que primero recibe el 100% y después paga un porcentaje al Estado. En este caso es al revés, porque recibe el precio menos las retenciones y allí puede reclamar o no que se las restituyan”.

Borioni sostuvo que los abogados de cada entidad darán el marco jurídico que consideren pertinente. “En el 2008 CARBAP hizo un modelo de reclamo que fue utilizado en casi todas las sociedades rurales y en base a ese modelo donde se fundamentaron los temas políticos, jurídicos y económicos se fueron dando diferentes medidas”.

El profesional admitió que es “muy difícil lograr un resultado inmediato, porque el Estado es un organismo que tiene una articulación. Cuando existen normas se estudian profundamente si se está generando un desequilibrio. Lo mas importante es que prime el sentido común y en el caso de que el productor que esté afectado puede determinar que se le esté cobrando de manera anticonstitucional”.