Fallo en Pergamino: la Justicia reclama más ciencia y mejor control estatal

Tras más de ocho años de proceso judicial, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario absolvió a productores agropecuarios, un ingeniero agrónomo y un aplicador acusados por presunta contaminación derivada de aplicaciones de fitosanitarios en Pergamino. Para el especialista en Derecho Agrario y Ambiental, Dr. Juan Carlos Acuña, el fallo deja una enseñanza central: la necesidad de que las decisiones judiciales se apoyen en evidencia científica sólida y en sistemas estatales de control eficientes.

Aunque el fallo aún espera la publicación de sus fundamentos completos, prevista para agosto, el caso ya instala un debate que excede ampliamente a los acusados: ¿cómo deben resolverse judicialmente los conflictos ambientales cuando intervienen procesos científicos complejos y responsabilidades compartidas entre distintos organismos del Estado?

La responsabilidad penal requiere pruebas concretas

En diálogo con El Campo Hoy, el abogado especialista en Derecho Agrario y Ambiental, Dr. Juan Carlos Acuña, explicó que el tribunal no negó la importancia de la protección ambiental ni desconoció la necesidad de controlar el uso de fitosanitarios. Lo que analizó fue si existían pruebas suficientes para atribuir penalmente los daños investigados a las personas imputadas.

Según Acuña, la sentencia entiende que no pudo establecerse una relación causal directa entre la actividad desarrollada por esos productores y los daños ambientales o sanitarios denunciados.

"La discusión no pasa por afirmar o negar que un producto pueda generar efectos ambientales, sino por determinar con rigor científico quién es efectivamente responsable de un daño concreto", sintetizó el especialista.

En ese sentido, recordó que procesos como la contaminación de acuíferos responden a fenómenos acumulativos de larga duración, imposibles de atribuir automáticamente a una única aplicación o a un productor determinado sin estudios técnicos concluyentes.

Un llamado de atención sobre el sistema de control

Para Acuña, uno de los aspectos más relevantes del caso es que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de los organismos públicos encargados de fiscalizar la actividad.

Si bien el tribunal condenó a exfuncionarios municipales por incumplimiento de deberes públicos, el especialista considera que la discusión institucional es aún más amplia.

Explicó que la legislación bonaerense asigna a la Provincia —y no exclusivamente a los municipios— la autoridad de aplicación y el poder de policía en materia de productos fitosanitarios. En ese marco, señaló que los organismos provinciales con competencia específica no habrían tenido una participación significativa dentro del proceso judicial.

"La fiscalización no puede descansar únicamente sobre controles municipales. Existe una estructura provincial creada precisamente para supervisar estas actividades y garantizar el cumplimiento de los protocolos técnicos", sostuvo.

El respaldo científico como condición para la Justicia

Uno de los conceptos más reiterados durante la entrevista fue la necesidad de fortalecer el sustento científico de las decisiones judiciales.

Acuña advirtió que fijar restricciones generales, como distancias únicas para las aplicaciones, sin considerar variables técnicas como las condiciones meteorológicas, el tipo de producto utilizado o los protocolos de aplicación, puede conducir a soluciones poco eficaces desde el punto de vista ambiental.

En esa línea, destacó que países europeos privilegian sistemas de monitoreo permanente, capacitación obligatoria de aplicadores, trazabilidad de los productos y fiscalización en tiempo real antes que prohibiciones establecidas únicamente sobre parámetros de distancia.

"La clave está en controlar cómo se aplica y bajo qué condiciones, más que en establecer una distancia uniforme que, por sí sola, no garantiza la ausencia de riesgo", explicó.

Una oportunidad para mejorar las políticas públicas

El especialista también planteó que el caso evidencia la necesidad de avanzar hacia sistemas integrales de gestión de fitosanitarios, donde intervengan registros digitales de aplicaciones, recetas agronómicas obligatorias, monitoreo ambiental permanente y mayor coordinación entre organismos nacionales, provinciales y municipales.

En este sentido, recordó que todos los productos involucrados en la causa contaban con autorización oficial, otorgada por el SENASA, lo que vuelve indispensable reforzar los mecanismos posteriores de control sobre su utilización efectiva en el territorio.

Más allá del proceso penal

Respecto de las consecuencias económicas sufridas por los productores durante los años que duró el proceso —incluyendo restricciones productivas y posibles pérdidas económicas—, Acuña aclaró que esa discusión excede el ámbito penal.

Las eventuales acciones por daños o lucro cesante deberán ventilarse, en su caso, dentro de la justicia civil y comercial.

Mientras tanto, el fallo deja abierta la posibilidad de futuras apelaciones por parte de las distintas partes involucradas.

Un precedente que trasciende Pergamino

Más allá del resultado judicial, el caso de Pergamino deja una enseñanza institucional de fondo.

La protección ambiental, la producción agropecuaria y la seguridad jurídica no son objetivos incompatibles. Pero su equilibrio exige decisiones apoyadas en evidencia científica, organismos públicos técnicamente fortalecidos y sistemas de fiscalización capaces de prevenir conflictos antes de que lleguen a los tribunales.

Como concluye el Dr. Acuña, el verdadero desafío no pasa únicamente por sancionar cuando aparece un problema, sino por construir un sistema que controle con eficiencia, produzca información científica confiable y permita que tanto la Justicia como la sociedad tomen decisiones sobre bases objetivas y técnicamente sustentadas.

Federico Aguer