Drones y trabajo aéreo: el Gobierno flexibiliza normas y abre un debate

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) puso en marcha una profunda reforma de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) con el argumento de modernizar el sistema, simplificar trámites y adaptar la normativa a nuevas tecnologías y modalidades operativas. Sin embargo, las medidas, celebradas por el Gobierno como un paso hacia la “desregulación inteligente”, ya despertaron una dura reacción de las principales entidades de la aviación civil, que denuncian falta de diálogo, improvisación y riesgos para la actividad.

Las modificaciones fueron oficializadas mediante las Resoluciones 311, 312 y 313/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y alcanzan a las Partes 91, 100 y 137 de las RAAC, vinculadas respectivamente a reglas de vuelo, operaciones con drones y trabajo aéreo agrícola.

Menos restricciones para drones y vuelos rurales

Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la flexibilización del régimen para aeronaves pilotadas a distancia (RPA/RPAS), especialmente aquellas utilizadas en actividades rurales.

La actualización de la Parte 100 amplía el alcance de la denominada “Categoría Abierta” para determinados drones de ala rotativa que operen exclusivamente en zonas rurales, eliminando límites de peso que hasta ahora restringían muchas aplicaciones productivas. Según la ANAC, la medida permitirá agilizar tareas agrícolas, monitoreo de cultivos, control de establecimientos y otras operaciones vinculadas al sector agropecuario.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió el cambio y sostuvo que “los drones dejan atrás prohibiciones absurdas sobre rutas, parques, operación nocturna y desde vehículos en zonas rurales”.

La reforma también incorpora por primera vez un marco regulatorio específico para operaciones “Bush” y “STOL” (Short Take-Off and Landing), utilizadas por aeronaves adaptadas para operar en pistas cortas, superficies no convencionales y áreas remotas. Hasta ahora, estas prácticas habituales en regiones rurales o aisladas no tenían regulación específica en la Argentina.

Entre otros cambios, se elimina el denominado “piso rígido” de 500 pies en zonas poco pobladas y aguas abiertas, una restricción histórica que, según el Gobierno, limitaba innecesariamente ciertas operaciones aéreas.

Simplificación para el trabajo aéreo agrícola

La actualización de la Parte 137 apunta al trabajo aéreo agrícola y flexibiliza requisitos administrativos para productores que utilicen aeronaves propias en sus establecimientos rurales.

El Gobierno sostiene que las nuevas disposiciones eliminan exigencias consideradas innecesarias, incorporan herramientas digitales y otorgan mayor autonomía operativa a los explotadores. Para las operaciones comerciales, además, se deja en manos del operador la designación de pilotos con la experiencia y conocimientos adecuados.

Desde la ANAC aseguran que las reformas buscan adecuar la regulación argentina a estándares internacionales y alinearse con criterios ya utilizados en los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR).

Fuerte rechazo del sector aeronáutico

Pero mientras el Ejecutivo habla de modernización y eficiencia, las organizaciones de la aviación general, deportiva, de transporte aéreo no regular y de trabajo aéreo reaccionaron con una crítica contundente.

En una carta dirigida al administrador nacional de ANAC, Oscar Villabona, las entidades expresaron su “enérgico rechazo” al modo en que se vienen aprobando las nuevas regulaciones y denunciaron que todas las resoluciones recientes fueron elaboradas “de manera inconsulta”.

“Han sido impuestas con una pasmosa soberbia y con desconocimiento absoluto de las consecuencias negativas que las reformas producen en el sector aeronáutico”, afirmaron las organizaciones en el documento.

Las entidades cuestionan no sólo el contenido de las reformas, sino también el procedimiento utilizado para implementarlas. Señalan que desde la intervención de la ANAC no existió consenso ni participación efectiva del sector, y reclaman el abandono del mecanismo de elaboración participativa de normas previsto en el Decreto 1172/2003.

El conflicto se profundiza porque, según denuncian, ni siquiera fueron consideradas las observaciones técnicas y recursos administrativos ya presentados contra otras reformas recientes, como la Resolución 651/2025 sobre licencias aeronáuticas.

Pedido de suspensión y advertencia sobre riesgos

Las organizaciones aeronáuticas solicitaron formalmente la suspensión de la entrada en vigencia de las nuevas resoluciones y reclamaron postergar al menos un año la aplicación de la Resolución 293/2026, vinculada a los Centros de Instrucción de Aviación Civil.

Advirtieron que algunas medidas son “inviables” y otras “inaplicables en los tiempos establecidos desde un escritorio”, y alertaron sobre posibles impactos negativos en la formación aeronáutica y en la seguridad operacional.

“El desprecio por el consenso y la participación del Consejo Nacional de Aviación Civil lesiona gravemente el principio de buena fe”, señalaron.

En uno de los párrafos más duros del comunicado, las entidades sostuvieron: “Reglamentar el vuelo sin escuchar a quienes lo viven es confundir libertad con imposición; y en aviación, imponer sin comprender, no sólo limita, sino que también pone en riesgo aquello que se dice defender”.

Un debate abierto entre desregulación y seguridad

La discusión deja expuesta una tensión de fondo que atraviesa al sistema aeronáutico argentino: hasta dónde avanzar en la flexibilización normativa para facilitar operaciones y reducir burocracia, sin debilitar los consensos técnicos ni los mecanismos de seguridad y control.

Mientras el Gobierno defiende una política de desregulación orientada a dinamizar sectores productivos y adaptar el marco legal a nuevas tecnologías, buena parte de la comunidad aeronáutica advierte que la velocidad de los cambios y la ausencia de diálogo podrían derivar en problemas operativos difíciles de revertir. Como suele ocurrir en muchos casos, la tecnología "pica en punta" sin consultar, y genera escenarios disruptivos que obligan a ir ordenando la actividad.

Federico Aguer