En dos comisiones conjuntas
16/10/2025 | 06:13
Redacción Cadena 3
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Ignacio Garciarena
Un nuevo proyecto de ley sobre la aplicación de fitosanitarios se debatió en el Congreso Nacional, buscando establecer un marco normativo que complemente las regulaciones existentes de SENASA. Este proyecto surge de una demanda histórica a nivel municipal y provincial, donde ya se han implementado normativas relacionadas. “Se necesitaba de alguna manera una referencia nacional. Y ese es el bache que viene a cubrir este proyecto”, afirmó Ignacio Garciarena, de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas (Red BPA) a El Campo Hoy.
Desde el inicio del proceso en 2018, bajo la dirección del Ministerio de Agricultura, se convocaron a diversas instituciones y organismos públicos para debatir sobre el tema. “Fue un trabajo bastante largo, tedioso, con mucho consenso”, comentó, destacando la participación de provincias, ministerios y la red de buenas prácticas agropecuarias. El proyecto cuenta con el respaldo de 31 diputados de las comisiones de Agricultura y Ambiente.
Los pormenores del proyecto
El proyecto define responsabilidades claras para todos los actores involucrados, incluyendo comercializadores, asesores, productores y aplicadores. También introduce el concepto de “zonas sensibles”, donde no se permite la aplicación de fitosanitarios, y establece una zona de amortiguamiento con cuidados más rigurosos.
Otro aspecto relevante es la inclusión de una receta profesional para el uso de fitosanitarios, enfatizando que solo se podrán utilizar productos autorizados por SENASA. Además, se prevén capacitaciones obligatorias y un régimen sancionatorio. “Es algo bastante abarcativo”, indicó, resaltando la importancia de brindar tranquilidad a la sociedad y pautas claras al sector agropecuario.
¿Y las distancias?
En relación a las distancias para aplicaciones aéreas y terrestres, se establece que cada provincia tiene la potestad de legislar según su criterio, aunque el proyecto nacional busca ofrecer una referencia.
El tratamiento del proyecto avanza en el Congreso, con una nueva jornada convocada para la próxima semana. “La buena noticia es el gran apoyo político e institucional que tuvo esta presentación de proyecto”, concluyó el representante. A pesar de ser un año electoral, se espera que la iniciativa continúe su curso legislativo.
Miradas constructivas
El diputado Benedetti sintetizó que el objetivo del proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios apunta a “responder a una necesidad postergada, que es encontrar una ley de presupuestos mínimos de cuidado ambiental que establezca la protección a la salud y de posibilitar la producción agropecuaria para vastas regiones del país”.
Por su pate, Ramiro Costa, como coordinador General de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA) agregó que dicho organismo “es un espacio de diálogo y de generación de consensos para encontrar soluciones a los problemas de la actividad”. “Los ochenta integrantes que componemos la Red tenemos muchas expectativas sobre el proyecto de ley y demuestra que la construcción pública-privada es posible”, remarcó.
Desde la misma entidad, Nieves Pascuzzi, coordinadora Técnica de la RedBPA, detalló los hitos principales del proceso de trabajo en los acuerdos interinstitucionales de la Red para lograr los consensos necesarios y lograr acordar un proyecto unificado. Este año luego de varias reuniones con legisladores, que enriquecieron el proceso, llegamos a un texto mejorado tras casi once años de trabajo priorizando una mirada productiva-ambiental, consideramos que una norma en este sentido de base que genere condiciones claras y que tenga esta mirada es un avance para el sector productivo
En tanto, Eugenia Magnasco, RedBPA por CREA, hizo hincapié en porqué es necesario contar con una ley de presupuestos mínimos: Existe una preocupación en la sociedad por la aplicación de fitosanitarios, como así también las normativas municipales y provinciales son heterogéneas respecto de criterios, distancias y requisitos, muchas veces sin base científica.
Ramiro Cid, de la RedBPA representando a FEARCA y EX-INTA, precisó que el proyecto define varias zonas, como la zona sensible, que es aquella que no se puede hacer ningún tipo de aplicación agrícola, como pueblos, escuelas o zonas protegidas por ser parques nacionales o corrientes de agua; aledaño a esa, tenemos una zona de exclusión, donde no es posible hacer ningún tipo de aplicación; y, al margen de la zona de exclusión, de forma adyacente, está la zona de amortiguamiento, que al margen de requerir buenas prácticas, requiere además una serie más de requerimientos.
La mirada de Córdoba
A su turno, Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de la provincia de Córdoba y como titular de la Comisión Federal Fitosanitaria, afirmó que “es necesaria una ley nacional que fije y armonice los objetivos, principios y procesos”. “Necesitamos un marco nacional de coordinación, no de uniformización, porque las provincias somos heterogéneas, ya que tenemos producciones, climas, realidades, poblaciones y organización territorial distintas”, manifestó.
El funcionario cordobés instó que se identifique a los diferentes actores involucrados, como usuarios responsables, aplicadores, asesores fitosanitarios y expendedores.
Además, que se instrumente la herramienta de la ley: la receta fitosanitaria, como así también que se instrumente los registros necesarios y que se contemple las sanciones a las faltas en los procesos, entre otras cuestiones. En contrapartida, Blanda consideró que “no es una ley de presupuestos mínimos, sino que se necesita una ley ordinaria que regule los aspectos generales y cotidianos de la vida social y económica”.
Apoyo de las entidades
El presidente de CONINAGRO, Lucas Magnano, subrayó que “es sumamente importante la presentación de un proyecto de estas características que le hace un gran aporte a los productores para tener previsibilidad y certezas”. “Necesitamos que desde el Congreso tengamos una ley que ordene, con claridad y de una plataforma para empezar a ver a Argentina de aquí hacia adelante en un sendero de incremento de producción”, analizó. El presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, ponderó que la ley tiene como finalidad “primero en la persona, segundo en el ambiente y luego aumentar la producción”.
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