Córdoba crea el Consejo de Seguridad Rural Provincial

En una señal política fuerte hacia el interior productivo, el Gobierno de la Córdoba firmó un acuerdo con las principales entidades agropecuarias para avanzar en la creación del Consejo de Seguridad Rural Provincial, un ámbito que buscará coordinar acciones concretas contra el delito en zonas rurales.

Un ámbito de articulación permanente

El nuevo Consejo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y tendrá como objetivo central mejorar la prevención y la lucha contra el delito rural, fortaleciendo la articulación entre el Estado y el sector productivo.

El acta establece la implementación de canales directos de comunicación entre productores y fuerzas de seguridad, mediante grupos oficiales de mensajería, líneas telefónicas y radios rurales. Además, prevé un incremento de patrullajes preventivos en zonas y horarios críticos, jornadas de capacitación sobre prevención y tecnología aplicada a la seguridad, y evaluaciones trimestrales para medir resultados.

“Fortalecer la seguridad en el ámbito rural es una prioridad para acompañar a nuestros productores. Este acuerdo consolida una herramienta concreta de articulación y coordinación que nos permitirá actuar con mayor eficacia y previsibilidad en todo el territorio provincial”, destacó Busso.

El documento fue suscripto también por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Un reclamo histórico del sector

Desde el sector agropecuario valoraron la creación del Consejo como un paso más en un proceso de trabajo conjunto que viene desarrollándose desde hace años.

En diálogo con El Campo Hoy, Sebastián Laborde, director del Distrito 4 de la SRA, señaló que la medida “es fruto de un trabajo sostenido” entre las entidades y el Gobierno provincial. Recordó que el proceso comenzó con la creación de la Dirección de Patrullas Rurales y luego avanzó con la incorporación de divisiones de investigaciones específicas.

Sin embargo, remarcó que quedaba una deuda pendiente: el frente judicial. “Muchas veces íbamos con temas de delitos rurales y, cuando se los comparaba con hechos de mayor gravedad en zonas urbanas, quedábamos relegados”, explicó. En ese sentido, el sector impulsa la creación de fiscalías o secretarías especializadas en delitos rurales para agilizar las causas.

Laborde también destacó que, a través del Fondo de Desarrollo Pecuario, se viene equipando a la Dirección de Patrullas Rurales y ampliando su despliegue territorial, que ya supera los 100 destacamentos en la provincia.

La intención ahora es que la mesa de seguridad tenga continuidad y que las reuniones se repliquen en el interior provincial, generando un “feedback permanente” entre productores, fuerzas de seguridad y autoridades judiciales.

Los delitos que más preocupan

Consultado sobre los principales problemas que enfrenta hoy el productor, Laborde fue claro: “El abigeato es casi moneda corriente”.

El robo y faena clandestina de animales, especialmente en zonas periurbanas, encabeza la lista de delitos más frecuentes. A esto se suman el robo de cereal y de agroquímicos, tres problemáticas que impactan de lleno en la rentabilidad y en la tranquilidad de quienes trabajan en el campo.

Otro fenómeno que inquieta es el merodeo permanente en los establecimientos rurales, una práctica que —según sostienen desde el sector— muchas veces antecede a hechos delictivos más graves.

Con la creación del Consejo de Seguridad Rural Provincial, el Gobierno y las entidades buscan institucionalizar un espacio de trabajo que permita respuestas más rápidas y coordinadas frente a estas amenazas, en un contexto donde la seguridad se ha convertido en una de las principales demandas del interior productivo.