Nada es gratis

La puja por la distribución de fondos del Gobierno a los movimientos sociales y piqueteros se ha convertido en uno de los ejes de la puja política dentro del kirchnerismo y en su relación con el Gobierno.

Cristina ya planteó que el Gobierno debe retomar el control de los planes, para sacarlo de organizaciones y partidos, y dejarlos en manos de gobernadores e intendentes.

Dos objetivos: recuperar los recursos para aplicarlos a la política y retomar el control de la calle.

Ya vimos que cada jueves miles de manifestantes son llevados por los grupos que integran para reclamar más y más plata.

Hoy también todos miran los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis, porque la autopercepción de fiscalista y de respetuosa del equilibrio fiscal que exhibió la ministra deja al Gobierno sin margen para acceder a esos reclamos.

Obviamente, nada es gratis.

Este viernes, el portal Lapolíticaonline reveló que detrás de las duras críticas de Juan Grabois contra Batakis asoma una disputa por una caja de casi 70 mil millones que maneja el dirigente social y que la ministra de Economía intervendría con su proyecto de cuenta única.

Es el Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso creado para urbanizar e integrar los barrios populares.

¿Quién maneja este fondo? La Secretaría de Integración Socio Urbana, que encabeza la dirigente social Fernanda Miño, quién hoy, vaya casualidad, responde a Grabois.

El Fondo nació durante la gestión de Mauricio Macri como una concesión a los movimientos sociales que aplacaba los reclamos en las calles.

Cuando llegó Alberto Fernández quedó en manos de dos funcionarias de Grabois que habían estado detrás de la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

¿De dónde salen los fondos? Son aportes de impuestos como el PAIS (a las compras con tarjeta en el exterior o de dólar ahorro) o el impuesto de las grandes fortunas.

Pero también hay colocación de bonos.

Fuentes del gobierno citadas por la políticaonline revelaron que actualmente tienen colocados 68 mil millones de pesos que tendrían que estar destinados para la urbanización de barrios.

Y, sí, hay que insistir: nada es gratis. Ni las supuestas convicciones.