Con YPF, pagamos el precio de la arbitrariedad y la arrogancia

Hoy, la Argentina enfrenta en los tribunales de Nueva York un momento clave que puede definir el futuro de YPF.

Una breve historia de como llegamos hasta acá.

En 2012, Cristina Fernández de Kirchner anunció con orgullo la estatización del 51% de YPF, expropiada a Repsol, como un acto de "soberanía hidrocarburífera".

La decisión, impulsada por Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía, ahora gobernador de Buenos Aires y soñador con ser Presidente, buscaba recuperar el control de un recurso estratégico y desarrollar Vaca Muerta. Pero la euforia nacionalista ocultó una improvisación jurídica que hoy le cuesta a Argentina una condena de 16.000 millones de dólares en favor del fondo Burford Capital.

Es impresionante cómo la desprolijidad de aquella decisión nos llevó a un callejón sin salida.

La privatización de YPF en los 90, bajo Carlos Menem, dejó un estatuto clave: cualquier comprador que adquiriera más del 15% de las acciones debía hacer una oferta pública de adquisición (OPA) a los minoritarios.

En 2012, el gobierno de Cristina ignoró esta cláusula, argumentando que la soberanía nacional estaba por encima de los contratos privados.

Kicillof, en el Senado, llegó a calificar de "estúpido" respetar ese estatuto, una frase que la jueza Loretta Preska citó en 2023 al fallar contra Argentina en Nueva York.

El resultado: una deuda que supera el valor de mercado de YPF, con intereses de 2,5 millones de dólares diarios y la amenaza de perder el control estatal de la empresa.

YPF, bajo gestión estatal, revitalizó Vaca Muerta, que hoy produce el 90% del petróleo y el 80% del gas no convencional del país.

Pero el costo de no prever las consecuencias legales fue devastador. Burford, un fondo especializado en litigar contra estados, compró los derechos de las empresas Petersen, de los Eskenazi, que se quedaron con parte de YPF sin poner un centavo gracias a Néstor Kirchner, pero que luego quebraron.

Burford llevó el caso a tribunales estadounidenses.

Entonces, Argentina, que cotiza las acciones de YPF en Wall Street, quedó bajo jurisdicción extranjera.

Los gobiernos de Cristina, Macri y Alberto Fernández intentaron defender la soberanía, pero la Corte Suprema de EE.UU. confirmó que Nueva York era el foro válido.

La crítica no es al objetivo de recuperar YPF, sino a la arrogancia de creer que las formas no importaban.

Ignorar el estatuto y subestimar el poder de los fondos buitres fue un error que hoy pone en jaque la economía nacional.

Mientras el gobierno de Javier Milei apela el fallo y negocia para evitar pagar una suma impagable, el caso YPF es una lección amarga: la soberanía no se construye con discursos, sino con estrategia.

Cristina y Kicillof apostaron al voluntarismo político sin medir los costos, y hoy todos pagamos el precio.