Carencia política: partidos en el Estado, fuera

En un contexto de creciente desconfianza hacia la clase política, una nueva propuesta legislativa busca prohibir que personas afiliadas a partidos políticos ocupen cargos en organismos públicos no electivos.

La iniciativa, que apunta a garantizar mayor imparcialidad en la administración del Estado, plantea un debate profundo sobre la relación entre militancia partidaria y función pública.

La idea de aplicar una “carencia política” —una especie de período de desvinculación partidaria previo a asumir un cargo— no es nueva, pero cobra fuerza en tiempos donde la ciudadanía exige transparencia y profesionalismo.

Lo presentó la diputada libertaria Mercedes Llano, acompañada con las firmas de los oficialistas Lilia Lemoine, Lorena Villaverde, Alida Ferreyra, María Emilia Orozco, Carlos García y Julio Moreno Ovalle, entre otros.

Sus defensores argumentan que esta medida evitaría la colonización de organismos técnicos por parte de estructuras partidarias, promoviendo una gestión más meritocrática y menos ideologizada.

Sin embargo, los detractores advierten que podría convertirse en una forma encubierta de persecución política o de exclusión de voces legítimas del debate público.

¿Acaso la militancia invalida la idoneidad? ¿O es el Estado el que debe blindarse de intereses sectoriales?

La propuesta abre una puerta interesante: repensar los criterios de acceso a cargos públicos más allá del voto.

¿Es hora de exigir neutralidad política como se exige formación académica o experiencia profesional?

¿O estaríamos limitando derechos fundamentales en nombre de una supuesta imparcialidad?

En definitiva, la discusión sobre la carencia política no solo interpela a los partidos, sino también a la sociedad: ¿qué tipo de Estado queremos construir?