Servicios y negocios sucios: el costo de empoderar desconocidos

El caso comenzó como un gravísimo episodio policial en Bolivia, pero sus derivaciones ya rozan a la política argentina y llegan hasta las puertas de la Casa Rosada.

Fernando Cerimedo, exasesor de la campaña presidencial de Javier Milei, fue imputado en Bolivia por tentativa de femicidio tras el ataque a balazos contra la abogada Nadia Beller. La mujer lo señaló como presunto autor intelectual, mientras que su defensa rechazó la acusación y aseguró que no existen pruebas en su contra. Será la Justicia boliviana la que deberá determinar su responsabilidad. La investigación continúa abierta.

Sin embargo, el episodio permite observar un problema más amplio: el costo que supone construir una fuerza política a las apuradas y entregar influencia a personajes cuyos antecedentes, intereses y métodos nunca fueron examinados con suficiente rigor.

La Libertad Avanza nació, creció y llegó al poder en un tiempo extraordinariamente breve. Javier Milei necesitaba fiscales, candidatos, comunicadores, financistas y operadores en cada rincón del país. Para completar esa estructura incorporó personas procedentes de ámbitos muy diversos, muchas de ellas sin trayectoria política conocida. Aquella velocidad fue parte de su éxito, pero también generó una debilidad: la ausencia de filtros.

El problema de Cerimedo no es que alguna vez haya trabajado en una empresa de taxis ni que haya tenido empleos comunes. Ningún oficio descalifica a una persona para participar en política. La cuestión es otra: cómo alguien con antecedentes controvertidos pudo transformarse rápidamente en una figura influyente dentro de una campaña presidencial y relacionarse después con dirigentes de distintos países.

Cerimedo fue condenado en 2016 a dos años y seis meses de prisión condicional por estafa y defraudación, luego de vender dos veces un mismo departamento en Mar del Plata. Ese antecedente era público y anterior a su desembarco en el círculo libertario. El fallo fue revelado durante la campaña de 2023.

Aun así, llegó a presentarse como jefe de comunicación de la campaña de Milei, tuvo participación en la fiscalización electoral y trabajó con figuras como Jair Bolsonaro. Más tarde recaló en Bolivia como consultor del presidente Rodrigo Paz.

Ahora aparece otra conexión todavía más incómoda para el Gobierno argentino. Natalia Basil, quien fue pareja de Cerimedo, ocupó durante 2024 un cargo directivo en la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, durante la gestión de Diego Spagnuolo. Beller sostuvo desde el hospital que Basil habría participado en la filtración de los audios que dieron origen a la investigación por presuntas coimas y sobreprecios en el organismo.

Por ahora, se trata de una acusación que no fue probada. Pero el solo señalamiento vuelve a conectar a Cerimedo con uno de los mayores escándalos enfrentados por el oficialismo, una causa que alcanzó políticamente a Karina Milei y a funcionarios cercanos al Presidente. Basil fue funcionaria de la ANDIS y renunció antes de que se conocieran los audios.

Aquí aparecen las catacumbas de la política: consultores, supuestos servicios de inteligencia, operadores digitales, periodistas, pseudoperiodistas e influencers que acumulan información, registran conversaciones y después utilizan ese material para negociar, presionar o destruir adversarios.

Nada de esto convierte automáticamente en responsables a quienes alguna vez compartieron espacio político con Cerimedo. Tampoco puede atribuirse al Gobierno un delito por la sola cercanía de uno de sus antiguos colaboradores. Pero sí existe una responsabilidad política: la de explicar cómo se seleccionó, empoderó y legitimó a determinados personajes.

La respuesta tampoco puede reducirse a señalar que la política tradicional está llena de delincuentes. Es cierto, y buena parte del respaldo a Milei nació precisamente del hartazgo frente a esa dirigencia. Pero reemplazar la vieja casta por una red de operadores desconocidos, sin controles ni antecedentes revisados, no soluciona el problema. Solamente cambia los nombres.

La renovación política es necesaria. La improvisación, no. Abrir las puertas a personas sin trayectoria puede oxigenar un sistema cerrado, pero entregar poder sin controles también permite que oportunistas, aventureros y personajes oscuros se acerquen al Estado.

El caso Cerimedo todavía tiene demasiadas preguntas sin respuesta. La Justicia deberá resolver las acusaciones penales. El Gobierno, en cambio, enfrenta desde ahora otra pregunta: ¿cuántas personas fueron empoderadas por su utilidad electoral sin que nadie se preocupara por saber quiénes eran realmente?