Presupuesto: la rigidez fiscal frente al precio de los votos

El presupuesto nacional vuelve a encaminarse hacia una definición entre la sidra y el pan dulce. Lamentablemente, una de las decisiones más importantes para el funcionamiento del país suele resolverse cuando el calendario apremia y las negociaciones políticas pesan tanto como los números.

Todavía es posible que Diputados apruebe el proyecto durante noviembre, antes de que terminen las sesiones ordinarias el día 30. Pero el trámite posterior en el Senado demandaría, al menos, un par de semanas. Por eso, todo indica que la sanción podría quedar para las sesiones extraordinarias de diciembre.

El problema, sin embargo, excede los plazos. La cuestión es en qué clima político se discutirá el presupuesto para el próximo año. Si la dirigencia decide anticipar la campaña electoral, cada partida y cada voto quedarán atravesados por una disputa que desborda largamente la planificación económica.

Hay que mirar, entonces, el proyecto y las negociaciones que lo rodean. En esa mesa aparecen los fondos que reclaman los gobernadores, las demandas de las universidades y la discusión sobre una eventual suspensión de las PASO. Son asuntos diferentes, pero políticamente conectados: quienes negocian recursos también tienen capacidad para facilitar o complicar las mayorías.

Diego Santilli ocupa un lugar central en esas conversaciones. Detrás está Luis Caputo, encargado de administrar los límites económicos de los acuerdos. Allí asoma una tensión decisiva: cuánto puede prometer quien busca los votos y cuánto está dispuesto a cumplir quien cuida las cuentas.

Una promesa que después no encuentra respaldo presupuestario puede destrabar una conversación, pero difícilmente sostenga un acuerdo. Los gobernadores necesitan saber qué recibirán; el Gobierno necesita saber con qué votos contará. La distancia entre ambas certezas es el terreno de la negociación.

Al final de ese recorrido está Javier Milei. El Presidente ha sostenido, en público y en privado, una posición consistente de restricción del gasto. Esa rigidez constituye una definición política, además de económica. Y volverá a ponerse a prueba cuando las exigencias de sus interlocutores se traduzcan en condiciones para acompañar el presupuesto.

Los gobernadores negocian con lo que quieren y con lo que tienen. Quieren fondos y tienen votos. Una decena de mandatarios provinciales puede resultar determinante para construir las mayorías que el oficialismo todavía no reúne por sí solo en el Congreso.

El Gobierno deberá resolver cómo compatibiliza su disciplina fiscal con esa dependencia parlamentaria. Los gobernadores, a su vez, tendrán que explicar qué reclaman y qué compromisos asumen a cambio de su respaldo. El presupuesto merece que esos acuerdos sean claros: allí se decide cómo se obtienen y distribuyen los recursos públicos.

Viene un debate clásico, repetido y demasiado importante para reducirlo a una pulseada de fin de año. Cuando llegue el momento del brindis, probablemente sepamos si la rigidez presidencial resistió, si hubo concesiones o si las promesas volvieron a correr por delante de los números.