La vieja costumbre argentina de no cumplir la ley y acudir a la Corte Suprema

La discusión por el financiamiento universitario volvió a dejar expuesta una de las características más persistentes de la política argentina: la dificultad crónica para aceptar que las leyes, una vez aprobadas, deben cumplirse aunque no gusten.

Después de una nueva marcha universitaria y de otro capítulo de tensión entre el Gobierno nacional y la oposición, el debate parece girar únicamente alrededor de cuánto dinero deben recibir las universidades públicas. Pero debajo de esa discusión presupuestaria existe otra cuestión mucho más profunda y estructural: la relación del poder político argentino con el Estado de derecho.

Hay una ley aprobada por el Congreso que establece determinadas partidas para las universidades nacionales. Esa norma fue impulsada por una mayoría opositora y el Gobierno nunca ocultó su desacuerdo. Hasta ahí, nada extraordinario: en cualquier democracia es perfectamente legítimo que un gobierno considere equivocada una ley sancionada por el Parlamento.

El problema empieza cuando el desacuerdo deriva en el incumplimiento.

Porque el Poder Ejecutivo no tiene la facultad de obedecer solamente las leyes que comparte ideológicamente. Su obligación institucional es cumplirlas y hacerlas cumplir. Y si pretende modificarlas, el camino no debería ser la resistencia administrativa ni la dilación judicial, sino la política. Convencer diputados, negociar con gobernadores, construir nuevas mayorías parlamentarias. En definitiva, gobernar.

En la Argentina, sin embargo, ocurre cada vez más lo contrario: los conflictos políticos terminan mudándose a los tribunales.

La discusión universitaria es apenas un ejemplo. Provincias que demandan a la Nación por fondos previsionales, municipios que reclaman partidas comprometidas, obras públicas paralizadas, acuerdos incumplidos. Una enorme cantidad de decisiones que deberían resolverse mediante negociación política o cumplimiento institucional terminan transformándose en expedientes judiciales.

El resultado es una Corte Suprema convertida muchas veces en árbitro permanente de cuestiones que la política no logra —o no quiere— resolver.

Y ahí aparece un segundo problema todavía más grave: la credibilidad de la Argentina.

Después el país se pregunta por qué cuesta tanto atraer inversiones, por qué el crédito internacional llega tarde o directamente no llega, por qué los mercados desconfían incluso cuando los indicadores económicos mejoran. Una de las respuestas posibles está justamente ahí: en la percepción de que las reglas argentinas son inestables y de que los acuerdos pueden incumplirse dependiendo del gobierno de turno.

La inseguridad jurídica no es una consigna abstracta de economistas o empresarios. Tiene consecuencias concretas. Cuando un inversor extranjero exige que un contrato se resuelva bajo jurisdicción de Nueva York o Londres en vez de la justicia argentina, no está haciendo una excentricidad. Está expresando una desconfianza acumulada durante décadas.

El caso de YPF, que se discute en tribunales estadounidenses, es uno de los ejemplos más visibles de ese fenómeno. Pero no es el único. La Argentina se acostumbró a firmar compromisos que luego intenta reinterpretar, modificar o incumplir según las urgencias políticas o económicas del momento.

Y esa lógica termina erosionando todo: la confianza interna, la previsibilidad económica y la autoridad misma de las instituciones.

Lo más paradójico es que esta práctica atraviesa gobiernos de signos ideológicos completamente distintos. Cambian los discursos, cambian las prioridades presupuestarias, cambian las coaliciones. Lo que muchas veces no cambia es la tendencia a considerar que la ley es válida solo mientras resulte conveniente políticamente.

La consecuencia final es un país donde demasiadas discusiones terminan judicializadas porque previamente fracasó la política. Y donde la Justicia, además, carga con su propia crisis de credibilidad y sospechas de parcialidad.

Nada de esto es abstracto. Tiene impacto directo sobre la economía, las inversiones, el empleo y la estabilidad institucional. Porque un país donde las reglas se discuten después de votarse es, inevitablemente, un país donde la incertidumbre nunca termina de desaparecer.