AFA, Justicia y poder: cuando la "casta" deja de ser enemiga

Hubo un tiempo —no tan lejano— en el que el Gobierno de Javier Milei señalaba con nombre y apellido a sus enemigos. Entre ellos, la dirigencia del fútbol argentino ocupaba un lugar destacado. Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino eran parte de ese universo de “casta” al que había que combatir. Sin matices. Sin concesiones.

Hoy, ese discurso parece haber cambiado. O, al menos, haberse diluido.

¿El Gobierno dejó de avanzar sobre la AFA? Y si es así, ¿por qué?

El punto de inflexión coincide con un movimiento político clave: el recambio en el Ministerio de Justicia. La llegada de Juan Bautista Mahiques —con vínculos en el mundo judicial y político— no pasó desapercibida. Más allá de los antecedentes personales, lo relevante es el efecto que su desembarco parece haber tenido en determinados expedientes sensibles.

En distintos juzgados donde se investigan a Tapia y Toviggino por presuntos delitos graves —lavado de dinero, malversación y desvío de fondos— comenzaron a registrarse movimientos que, según distintas interpretaciones, podrían aliviar la situación de los dirigentes. No se trata de acusaciones menores ni de discusiones deportivas: se habla de estructuras económicas bajo sospecha y de enriquecimientos difíciles de justificar.

En ese contexto, el silencio oficial resulta llamativo. Hace apenas meses, el Gobierno exigía explicaciones públicas a la conducción de la AFA. Hoy, ese tono desapareció. No hay cuestionamientos, no hay presión, no hay agenda.

¿Qué cambió en el medio?

Una hipótesis que sobrevuela es la posibilidad de un acuerdo. No necesariamente explícito, pero sí funcional. En la política argentina, el intercambio de favores y la construcción de equilibrios informales no son novedad. Menos aún cuando entran en juego intereses cruzados entre el poder político, judicial y económico.

Otra lectura apunta a las internas dentro del propio oficialismo. La designación de Mahiques también expuso una puja entre sectores: por un lado, Karina Milei, con creciente centralidad en las decisiones; por otro, Santiago Caputo, que mantiene influencia en áreas sensibles como inteligencia. El Ministerio de Justicia, en ese esquema, no es un territorio menor.

A eso se suma un factor estructural: la necesidad de cubrir vacantes en la Justicia federal. Los pliegos deben pasar por el Senado, donde el oficialismo necesita votos del kirchnerismo. Esa dependencia abre la puerta a negociaciones más amplias, donde las causas judiciales y las designaciones pueden entrelazarse en un mismo tablero.

El resultado es un escenario de ambigüedad. Un Gobierno que llegó prometiendo romper con la “casta” aparece ahora operando dentro de sus lógicas. O, al menos, conviviendo con ellas.

La política argentina tiene una larga tradición de enemigos que dejan de serlo. De adversarios que, en determinado momento, se vuelven necesarios. La pregunta es si este es uno de esos casos.

Y, sobre todo, si el costo de ese cambio de postura será solo discursivo o también institucional.