El Departamento de Estado estadounidense consideró que la Argentina restringió cooperación para la lucha contra el terrorismo tras el conflicto del avión militar demorado en Ezeiza en febrero del año pasado y llamó la atención sobre la decisión del Gobierno de Cristina Kirchner de restablecer el diálogo con Irán.

La Cancillería estadounidense se pronunció de esa forma a través del informe completo sobre terrorismo que cada año presenta ante el Congreso de ese país, cuya edición de 2011 acaba de difundirse con fecha de ayer.

De acuerdo a Estados Unidos, la Argentina limitó la cooperación a partir del incidente del avión militar norteamericano demorado, cuya carga de armamento fue incautada y finalmente devuelta.

"La Argentina y los Estados Unidos cooperaron en el análisis de posibles amenazas terroristas. La Argentina se enfocó en supervisar sus fronteras norte y noreste, incluyendo la Triple Frontera, donde Argentina, Brasil y Paraguay limitan, frente a amenazas como tráfico ilegal de drogas y personas, contrabando y otras formas de crimen trasnacional", sostiene el informe.

"Sin embargo, la cooperación bileteral fue restringida después de la confiscación de equipamiento militar estadounidense por parte de autoridades argentinas, que estaba dirigido a ejercicios previamente organizados con la unidad de antiterrorismo de la Policía Federal Argentina", agrega el documento.

El mencionado incidente sucedió el 10 de febrero de 2011 en el aeropuerto de Ezeiza, cuando el avión militar C-17 Globemaster III, perteneciente a la fuerza aérea de Estados Unidos, fue demorado durante un control de rutina, ya que personal de Aduana y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaron "anomalías" en el cargamento.

El armamento en cuestión sería destinado a prácticas de entrenamiento con la Policía Federal, financiadas por Washington, pero tras el escándalo ese ejercicio conjunto, que se hacía desde 2009, fue suspendido.

Lo incautado incluía una ametralladora cuyo número de serie no correspondía con el informado, partes de otras armas no declaradas, medicamentos vencidos y elementos químicos no declarados y una valija verde con equipos de comunicación y material informático caratulado como secreto.

El episodio derivó luego en un roce diplomático que incluyó declaraciones públicas del propio presidente estadounidense, Barack Obama, reclamándole a Cristina Kirchner que ordene el regreso del material secuestrado.

A mediados de junio de 2011, tras cuatro meses de la incautación, el Gobierno argentino devolvió a Estados Unidos el material.

El informe estadounidense también recoge dos "incidentes" con bombas de baja intensidad que detonaron en una comisaría de Avellaneda -lo que dañó el edificio y negocios contiguos- pero sin causar heridos el 29 de noviembre y otra que explotó el 21 de diciembre a cien metros de la sede del Ministerio de Seguridad provocando daños a autos.

Por otra parte, destaca la transferencia de la confección de pasaportes de la Policía Federal al Renaper, con el objetivo de mejorar la seguridad de esos documentos, entre otras medidas de similares características.

Además, remarca que la Argentina continúa haciendo esfuerzos para llevar a la Justicia a los sospechosos del atentado contra la AMIA, aunque advierte que el Gobierno de Cristina Kirchner parece haber cambiado su postura con respecto a Irán, país del que procede la mayoría de los acusados por el ataque.

"En la Asamblea de las Naciones Unidas de septiembre, por ejemplo, la presidenta Cristina Kirchner mostró el deseo de la Argentina de entablar un diálogo con el gobierno iraní pese al rechazo a entregar a los sospechosos, entre los que se encuentra el actual ministro de Defensa", agregó el documento.

Además, destaca la sanción de la ley 26.734 que amplía la definición de terrorismo y el financiamiento, norma que generó controversia en algunos sectores y el decreto 1642 para prevenir estos delitos y el del lavado de dinero.