El Concejo Deliberante de la localidad bonaerense de Pinamar destituyó este martes al intendente Blas Altieri, quien está acusado por distintas irregularidades en torno al otorgamiento de viviendas sociales.

Tras una jornada de debate y discusión, los concejales votaron cerca de las 21 de forma nominal a viva voz y Altieri quedó fuera de su cargo por ocho sufragios a favor y uno en contra.

De esta forma, el contador Hernán Muriale se hará cargo de la Intendencia de ahora en adelante, ya que fue el primero en la lista de concejales que acompañó a Altieri en las últimas elecciones, cuando accedió al cargo.

Apenas conocida la votación, los concejales aplaudieron y celebraron la destitución del mandatario comunal.

"Estamos enfrentándonos a una estructura de poder político con blindaje
económico desde hace 20 años", dijo el concejal local Roberto Porretti, tras votar a favor de la salida de Altieri.

Porretti, que también fue sometido a juicio político y posteriormente destituido en 2008 por el Concejo Deliberante de la localidad balnearia, destacó la salida del actual intendente y dijo que ayudará a que "se termine con el miedo en Pinamar".

En horas de la mañana, en el inicio de la reunión, el presidente del cuerpo, Alberto Germain, inició la jornada de discusión e invitó al intendente a ejercer su defensa, pero Altieri no se presentó.

En cambio, el ahora destituido jefe comunal entregó un escrito de 300 fojas donde detalló su defensa.

Altieri se encontraba suspendido de sus funciones desde el pasado 4 de julio, denunciado entre otras cosas por otorgar viviendas sociales a dos de sus hijas.

Tras resistir su salida durante varias semanas, el intendente destituido dejó en manos de Muriale su cargo la semana pasada, luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense ratificara su suspensión.

En ese marco, Altieri denunció que se trataba de "un verdadero golpe institucional",
al considerar que se "vulneraron las garantías que exige la Constitución" y la
"decisión popular".

Entre los cargos que se le imputaron al jefe comunal se encontraba el otorgamiento de viviendas sociales a dos de sus hijas y a familiares de funcionarios.

También se tuvieron en cuenta denuncias por irregularidades durante la remodelación del Hospital Comunitario; el otorgamiento de exenciones tributarias; la existencia de decretos sin firma y de contenido replicado; el contrato con la empresa Covelia; el recorrido de la empresa de colectivos Montemar; la suspensión de los talleres de Cultura; el incumplimiento de ordenanzas vigentes y el veto de insistencias del Concejo Deliberante.