El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, procesó al ex dictador Jorge Videla y a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Albano Harguindeguy por el "homicidio calificado" del ex obispo de esa provincia, monseñor Enrique Angelelli.

La Justicia catalogó la muerte del prelado como un delito de "lesa humanidad", ya que se corroboró que su muerte, en medio de un accidente automovilístico "provocado", tuvo lugar en momentos en que Angelelli viajaba hacia la capital riojana con documentación importante sobre los asesinatos recientes de otros religiosos en Chamical.

El procesamiento también alcanzó al ex segundo jefe del escuadrón de tropas en Chamical, Luis Estrella, y al ex comisario y por entonces jefe del Servicio de Informaciones de la policía riojana, Juan Carlos "la Bruja" Romero.

La causa por la muerte de Angelelli fue cerrada en 1976, en mismo día de acontecida, reabierta en 1984 y luego no siguió adelante por la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

En 2010, la investigación volvió a abrirse y se estableció que la muerte de Angelelli fue producto de un "accidente automovilístico provocado", que ocasionó la muerte del prelado riojano y dejó herido de gravedad a su acompañante, el ex sacerdote Arturo Aído Pinto.

El juez determinó irregularidades en la investigación policial del hecho, la presencia de personal de "inteligencia" del Ejército y la Policía en el lugar del supuesto accidente, y la existencia de un sumario policial paralelo.

Además, sumó la declaración de los diversos testigos y de las circunstancias previas.

Se tuvieron en cuenta los homicidios de los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias y del laico Wenceslao Pedernera en la localidad de Chamical, crímenes que Angelelli intentaba desentrañar a través de denuncias y recopilación de información.

Según la investigación, la información que llevaba Angelelli en el vehículo fue sustraída y entregada a Harguindeguy, por entonces ministro de Interior.

La Justicia acusó a los cinco procesados de "autores mediatos" por los cargos jerárquicos que ocupaban en el homicidio calificado y asociación ilícita agravada.

Sobre Estrella y Romero el juez trabó embargos de 300 mil pesos para cada uno, con el beneficio de la prisión domiciliaria en alguno de los casos por razones de salud y edad.

El magistrado señaló que fue probado que la dictadura hizo inteligencia sobre los sacerdotes que trabajaban con pobres y que el crimen de Angelelli se enmarcó "en un intento por evitar que las denuncias por violaciones a los derechos humanos y asesinatos tomaran estado público, sobre todo en el exterior, ya que el religioso cordobés tenía llegada a altas jerarquías de la Iglesia en distintos lugares del mundo".

"Previo a la muerte de monseñor Enrique Angelelli existía un cuadro de persecución a ciertos sectores de la Iglesia Católica, y que se exteriorizaban desde años anteriores al golpe de estado del 24 de marzo de 1976, lo que es corroborado por distintos testimonios y, como se señalara anteriormente, concluyeron en los homicidios de Longueville, Murias, Pedernera y de Monseñor Angelelli", advirtió el juez, en una extensa resolución de 120 carillas.