Tras la reglamentación de la ley de medios, el titular de la Autoridad
Federal de Servicios de comunicación Audiovisual (AFSCA), Gabriel
Mariotto, ratificó que las empresas del sector que superen la cantidad de licencias permitidas tendrán "un año" para "ajustarse a derecho".

El constitucionalista Daniel Sabsay, en diálogo con Cadena 3, explicó que la reglamentación de la ley de medios, por parte del Gobierno es arbitraria y que no se ajusta a Derecho.

Sabsay consideró que el Gobierno se basó, para la reglamentación de la ley en un fallo de la Corte Suprema, que rechaza un recurso de amparo interpuesto por el diputado Enrique Thomas, del peronismo federal en el que advertía que la aprobación de la ley de medios estaba viciada de nulidad porque se habían violado reglamentos internos de ambas Cámaras al momento de la aprobación.

El constitucionalista advirtió que hay otros amparos, y los jueces intervinientes consideraron que era inconstitucionales determinados artículos y por ahora los han suspendidos y entre ellos el 161. Sobre estos fallos, la Corte Suprema aún no se ha expedido.

En diálogo con Cadena 3, Sabsay señaló: "La reglamentación del artículo 161 y de algún otro vinculado con la autoridad de aplicación que también están suspendidos por jueces federales es una decisión contraria a derecho".

El letrado advirtió que "las decisiones judicales están para ser cumplidas, no para ser desobedecidas y aquí hay un claro desobedecimiento".

Consultado sobre la postura que deberían adoptar los Medios afectados por la ley tras su reglamentación, explicó: "independientemente de la dimensión penal de la cuestión, no tengo dudas de que cuando un funcionario no cumple con un fallo judicial está cometiendo un delito que es alguna forma de desobediencia y que está contemplada en el Código Penal".

El abogado advirtió además que hay una "dimensión que tiene que ver con la eventual conculcasión de los derechos de la partes afectadas, es decir los medios".

Sabsay aseguró que los medios afectados "tienen que interponer un amparo contra la decisión de aplicarles la reglamentación, amparo en el cual se establezca que es un acto arbitrario, contrario a Derecho y que está violando los legítimos derechos de estos".

Consultado sobre si el Gobierno lo único que reconoce es el pronunciamiento posterior de la Corte sobre el artíulo 161, para decidir la reglamentación, aseguró que "están equivocados, porque entonces no valen las decisiones de los jueces cuando hacen lugar a medidas cautelares".

"¿Para qué serían las medidas cautelares?", se preguntó Sabsay y advirtió: "Estas medidas cautelares han suspendido la vigencia de determinados artículos, entre ellos el 161, es decir que no se deben aplicar, hasta tanto los jueces se pronuncien sobre la cuestión de fondo".

El constitucionalista explicó que los jueces "han considerado que antes de tomar esa decisión se dan dos extremos excepcionales para dictar una medida cautelar: que es la verosimilitud del derecho, que prima facie esa decisión, esa cláusula que está violando la Constitución, pero además hay peligro en la demora, si se espera que se tome la decisión, luego puede tornarse abstracta la cuestión o el daño ya haberse perpetrado".

Sabsay destacó: "Cada sentencia es independiente, lo que refiere a un determinado caso y que haya llegado a la Corte y haya dejado sin efecto la cautelar, refiere sólo a ese caso, pero además en este caso, que fue el interpuesto por el diputado Enrique Thomas, a lo que aludía es que suspendía la aplicación de toda la ley por haberse incumplido los reglamentos de ambas cámaras".

El abogado recordó que hay otros "casos autónomos y en ese marco los jueces actuantes consideraron que eran incostitucionales determinados artículos, y por ahora lo han suspendidos, y entre ellos el 161".

Entrevista de Pablo Rossi.