Los choferes de la Tamse, la empresa municipal de transporte de Córdoba, continúan con el paro que iniciaron en horas de la madrugada de ayer, en reclamo de una deuda de unos 30 millones de pesos, originada en juicios realizados por los jubilados a raíz de adicionales que dejaron de pagarse durante la intendencia de Germán Kammerath.

La medida de fuerza paraliza los corredores Rojo y Verde, y diferenciales en la ciudad de Córdoba.

En ese marco, el secretario de Trabajo de la Provincia, Omar Sereno, declaró a Cadena 3: "Las medidas se sostienen afectando el servicio, por lo que hemos intimado a la UTA para que levante inmediatamente las acciones directas. En caso contrario declararemos la ilegalidad".

Más temprano, Sereno había considerado que el paro en la Tamse es "un despropósito, desmedido y excesivo". El funcionario había añadido que "detrás del conflicto hay muchos intereses, algunos ocultos. UTA es el actor que menos juego tiene en esto. Hay un montón de abogados que traban las negociaciones y que no están presentes en este debate".

"Llama la atención que UTA amenace con un paro general, cuando en principio no están afectados sus intereses", había considerado Sereno.

En ese contexto, el intendente Daniel Giacomino expresó a media mañana a Cadena 3: "Es un conflicto político. Se firmó un acta y hay un juicio que está en la Corte Suprema de Justicia. Hay un arreglo extra judicial, con una quita. Ahora queda que la Secretaría de Trabajo actúe. No es una cuestión laboral del momento. Espero que se declare la ilegalidad del paro".

En ese marco, el vocal de UTA, Daniel Rodríguez, tras la reunión desarrollada durante la tarde-noche de la víspera, dijo a Cadena 3 que "no ha variado nada" y dio por caído el acuerdo firmado el 20 de mayo pasado con la Municipalidad de Córdoba. Aquel convenio establecía el pago del 80 % de lo adeudado a los choferes de la Tamse.

"La cosa tiende a complicarse. Si hay sanciones, habrá un paro total. Ya hemos conversado con las otras empresas y contamos con su apoyo", advirtió Rodríguez.

A su turno, el secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, Raúl Merino, declaró a Cadena 3: "Dan por caída el acta firmada porque el abogado Miguel Ortiz Pellegrini arengó para sacarle a la Municipalidad el 100 %. Los fondos están disponibles. Se les va a pagar a los jubilados, para lo cual se creó un fondo de tres millones de pesos".

"El resto se iba a pagar con un crédito de un banco privado, ya acordado. Es una actitud totalmente arbitraria de UTA porque toman de rehenes a los usuarios y a la Municipalidad. El ''plan B'' es esperar la resolución de la Secretaría de Trabajo. Es un tema judiciable. Uno se siente impotente porque no tiene a quién recurrir", admitió.

Merino, en tanto, no descartó que las futuras elecciones en UTA estén sirviendo de contexto conflictivo para que el asunto no se resuelva más fácilmente.

La raíz del conflicto
El reclamo de los choferes se inició en 2002, cuando el por entonces intendente Germán Kammerath dejó de pagar los adicionales a unos 700 choferes hasta 2004.

Los choferes llevaron sus reclamos a la Justicia, que falló a su favor. Los juicios impagos rondan los 30 millones de pesos.