En la Argentina de las últimas semanas los precios se “reacomodan” –según el eufemismo gubernamental– con el mismo ímpetu que las capas geológicas de Chile.

Hasta el Indec registró en febrero una suba generalizada. Sólo las gaseosas se movieron a la baja, con un insignificante 0,2 por ciento.

Reconoció además una aceleración de la tendencia ascendente. Fue la tasa mensual más alta en cuatro años. Y no se debió, precisamente, a una reducción de la brecha entre las estadísticas oficiales y la realidad del mostrador. Las estimaciones privadas más conservadoras al menos duplicaron el 1,2 por ciento del Indec.

Las causas son múltiples. Convergen componentes estacionales, falta de competencia y maniobras oligopólicas en algunos sectores, presiones contenidas a medias por regulaciones y subsidios en otros, cuellos de botella por insuficiencia de la producción, entre otros factores.

Pero el trasfondo es la asimetría entre una oferta inelástica y una demanda estimulada por la expansión del gasto público y de la circulación monetaria. Como el desequilibrio no se corrige por cantidad (mayor disponibilidad de bienes y servicios) el mercado ajusta por precios (quien paga más se lleva la mercadería escasa).

Cuando los desajustes se sostienen en el tiempo, suelen provocar una reacción en cadena que puede volverse incontrolable. Exacerban la puja distributiva, que se expresa en un intento inviable de equiparar salarios que suben por la escalera con precios que trepan por el ascensor, según la gráfica metáfora de Perón. La generalización de las expectativas inflacionarias desemboca en la indexación, que realimenta el proceso y espiraliza la suba generalizada de los precios.

La historia inflacionaria de la Argentina es pródiga en evidencias sobre la secuencia del fenómeno y sus efectos devastadores.

La multicausalidad de la inflación requiere respuestas integrales y complejas. Pero cortar aquella dinámica perversa exige racionalidad en la administración de los recursos públicos, consistencia en el manejo de la oferta de dinero y condiciones adecuadas para que la inversión amplíe y optimice la capacidad productiva.

Si bien supone rigor técnico en la formulación y ejecución de las acciones correctivas, es una tarea esencialmente política.

La inversión productiva prospera en terreno fertilizado por seguridad jurídica, certidumbre política, estabilidad financiera, acceso fluido al capital a costos compatibles con tasas razonables de rentabilidad.

Además, buena parte del brote inflacionario se explica por el naufragio de políticas específicas diseñadas, en teoría, para “defender la mesa de los argentinos” y proveer energía y otros servicios a precios accesibles.

La intervención en los mercados de la carne y de la leche erosionó la rentabilidad y las históricas ventajas competitivas de los productores argentinos. La consecuencia directa fue la desinversión, cristalizada en la liquidación del stock ganadero y el cierre de tambos.


Una situación equiparable desembocó en la crisis del mercado de combustibles. El desaliento a la exportación frenó las inversiones en refinerías –que ya no logran abastecer al mercado interno–, y en la exploración de nuevos yacimientos, lo cual provocó una caída vertical de las reservas de petróleo.

Así, políticas que buscaban proteger el bolsillo de los consumidores en el corto plazo, terminan proyectando un encarecimiento irreversible en el mediano y el largo plazo, al provocar una reducción estructural de la oferta.

En parte, la pérdida de rentabilidad provocada por aquella estrategia de contención de precios fue compensada por una madeja de subsidios, que los resultados evidenciaron ineficiente.

Un criterio similar se aplicó en los servicios públicos, cuya ecuación económica fue pulverizada por la hiperdevaluación de 2002 –que disparó su deuda en dólares y los costos de insumos– y el posterior congelamiento de tarifas.

La contrapartida fue la postergación de los planes de inversión y un ingente esfuerzo presupuestario en subsidios (más de 40 mil millones de pesos al año).

Esta política añadió presión extra a la caldera inflacionaria. Primero dio un envión sustancial al crecimiento del gasto público, muy por encima de los avances en la recaudación. Ese rumbo reveló pronto sus límites, y los intentos de desandarlo reduciendo subsidios tropezaron con la resistencia de los usuarios.

Mientras, la capacidad instalada comenzó a crujir, por la falta de renovación y ampliación de equipos, las prestaciones se deterioraron y en algunos casos –electricidad y gas– colapsaron frente a picos de demanda.

La respuesta es la multiplicación de los “cargos fijos” para financiar al menos las inversiones ahora impostergables.

Ese cóctel de servicios de baja calidad y cada vez más caros puede resultar inflamable, en términos sociales, como demostró la pueblada del fin de semana en Arroyo Cabral.