El ministro de Gobierno de Córdoba, Carlos Caserio, le aceptó la renuncia al secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, Sebastián García Díaz, como consecuencia del informe que oportunamente presentó y que planteó la "favelización" de los barrios de Córdoba.

Un comunicado oficial sostiene que las razones del pedido de paso al costado se basan en que "las máximas autoridades del gobierno no pueden tomar conocimiento de un informe elaborado por una Secretaría a través de los medios de comunicación, sin haber puesto en conocimiento previo a los responsables del área, lesionando las bases esenciales del trabajo en equipo que desarrolla el Ministerio".

"El Ministerio de Gobierno ignora cuáles fueron las fuentes de información utilizadas para elaborar el citado informe y considera que un funcionario no puede alegar cuestiones de seguridad para no revelarlas ante la Justicia Federal, ya que uno de los roles fundamentales del Estado es, precisamente, defender a los ciudadanos, combatiendo el delito", sostiene el parte oficial.

Y agrega: "La Secretaría de Prevención de la Drogadicción debe coordinar las acciones con quienes trabajan para erradicar este flagelo. La Justicia Federal, Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Córdoba no tuvieron participación alguna en la elaboración de este diagnóstico".

Al final, la cartera de Gobierno expresa que el Ejecutivo "seguirá participando en el Consejo Nacional de Seguridad Interior, que es el ámbito de discusión y aplicación de las políticas en esta materia en todo el territorio nacional y que las manifestaciones públicas de Sebastián García Díaz son a título personal".

El fiscal le había restado valor judicial al informe
El fiscal federal Enrique Senestrari había minimizado el informe que en enero pasado presentó el ahora ex secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, que planteó la "favelización" de los barrios cordobeses.

Senestrari dialogó el sábado con Cadena 3, luego de que lo citara a declarar como testigo al por entonces funcionario sin obtener datos concretos que permitieran avanzar en sus investigaciones judiciales.

"Quería saber si él había accedido a información concreta y lugares específicos. Lo cité porque el informe hablaba de cinco mil kioscos y pistas clandestinas. Pero el informe tiene valor como estudio estadístico, aunque no cuenta con una base fáctica para investigar", había precisado el magistrado federal.

"Dijo que él no tiene los datos, son conjeturas, aproximaciones. No tiene hechos, lugares, personas. No tiene utilidad para el trabajo judicial", había agregado Senestrari.

"Se trata de información muy genérica de policías y de gendarmes. No reveló fuentes para no comprometerlas. No tiene nada que me sirva para investigar", había señalado.

Los argumentos de García Díaz
El sábado pasado, García Díaz, había defendido en diálogo con Cadena 3 el informe que presentó en enero pasado.

"Tengo la tranquilidad de haber hecho lo posible para que este tema sea tapa de los diarios, con la misma intensidad que lo ha sido la crisis del Banco Central, por ejemplo. Tengo la conciencia tranquila", había reflexionado García Díaz.

En relación a que el estudio planteó que en Córdoba se registra un proceso de "favelización" en ciertos barrios, García Díaz había dicho:
"Las favelas empiezan a funcionar con redes de narcotráfico en los barrios que brindan contención social -les pagan las fiestas de 15 a las chicas, por ejemplo- y que arman esquemas de alerta y seguridad. Esas dos características he notado en ciertos barrios cordobeses. Allí, los vecinos quieren más a los narcos que a las fuerzas de seguridad. Además, como sucede en Río de Janeiro, en esos sectores tampoco pueden ingresar los policías".