El reciente desembarco presidencial en Embalse –se rumoreaba– venía precedido de un incipiente acuerdo político entre la Casa Rosada y Schiaretti. Si existió, ya mostró sus límites.

En la audiencia ante la Corte Suprema por la deuda 2002-2007 de la Nación con la Caja de Jubilaciones de Córdoba –el reclamo es por 1.227 millones de pesos–, Amado Boudou dejó en claro que no habrá borrón y cuenta nueva. Y que el Gobernador deberá seguir penando por el oxígeno financiero indispensable para evitar el colapso de sus cuentas.

Compromisos pendientes

El capítulo anterior se escribió una semana antes en el despacho del ministro de Economía.

Allí Schiaretti reclamó la regularización de los giros pendientes de 2009 con destino al sistema jubilatorio y a la refinanciación de la deuda provincial con la Nación (Programa de Asistencia Financiera, PAF). En total, son 627 millones de pesos. Se trajo una promesa de cumplimiento que habrá que verificar mes a mes.

El Gobernador pidió además certeza sobre la continuidad del flujo de fondos a partir de 2010 en ambos rubros, decisivos para escapar de un rojo ilevantable.

Le anunciaron –según declaró después– una renovación por dos años del convenio de financiamiento del déficit previsional. Vendrán 834 millones de pesos anuales (el 70 por ciento del desequilibrio proyectado para 2010). Pero hasta ahora este compromiso no fue documentado ni ratificado en público por Boudou.

El año próximo vencerán 1.550 millones de pesos de la deuda pública provincial. El 70 por ciento corresponde a obligaciones con el Estado nacional, que Schiaretti pidió refinanciar. Una prórroga del PAF que aún no se evaluó.

Unitarismo fiscal

Tan pobre cosecha debe situarse en el contexto de una profundización del unitarismo fiscal que signó la gestión de los Kirchner.

En un nuevo trámite parlamentario exprés, el Ejecutivo le arrancó a la Cámara de Diputados tres definiciones claves:

La media sanción de un proyecto de presupuesto 2010 al que no se le tocó una coma –hecho inédito desde la restauración democrática, incluido el sexenio kirchnerista– y que prevé un aumento de las transferencias automáticas a las provincias inferior a la inflación estimada. Una disminución, en términos reales.

La prórroga, hasta el final del mandato de Cristina, de las medidas de excepción por las cuales las provincias ceden cuantiosos recursos de coparticipación a la Nación (impuesto al cheque y Ganancias). En números redondos, son unos 15 mil millones de pesos al año. La cifra excede en unos 4.000 millones el rojo proyectado para el conjunto de las provincias en 2010.

La potestad de resolver discrecionalmente a qué provincias refinanciará deudas, por qué montos y en qué condiciones. Hasta ahora, tenían derecho al beneficio todas las jurisdicciones que tuvieran superávit operativo (la mayoría), mediante el PAF.

La única concesión a las provincias es la autorización para contraer deuda privada, salvavidas obligado para cubrir el déficit que genera su propia indisciplina y también, en gran medida, la apropiación de fondos que les pertenecen por parte del poder central.

Una práctica perversa que no podría consumarse sin el consentimiento de gobernadores –apremiados por la emergencia perpetua– y legisladores del interior que con su voto resignan cada año una cuota mayor de los recursos y la soberanía de las provincias.

Extraño suicidio del federalismo.